La directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, Cristina Miranda Palacios, reiteró mediante declaraciones escritas que la organización continuará dando la batalla a favor de los gobiernos locales y sus comunidades en otros espacios y foros públicos.
«El fallo del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston demuestra que la Junta de Control Fiscal y el estado siguen dejando desamparada a nuestra gente, que depende de los servicios esenciales que les ofrecen los municipios, el ente gubernamental más cercano a la comunidad. Nuestros gobiernos locales han asumido la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, muchos de ellos, responsabilidad del Gobierno central, sin la asignación de los fondos disponibles, a pesar de una continua imposición de medidas unilaterales de austeridad y sin propuestas reales que fortalezcan a nuestros gobiernos locales para que estos puedan continuar los servicios esenciales que son esenciales para el bienestar de nuestra gente y nuestras comunidades», expresó Miranda Palacios.
Las expresiones de Miranda Palacios se dan luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston fallara en contra de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, en una pugna entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y las instrumentalidades del Gobierno (ASES, AAFAF, Retiro y el CRIM). La demanda tiene su génesis en la Ley 29-2019, mejor conocida como la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”, y que fue promulgada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevárez. Esta medida se presentó como una que buscaba hacer algo de justicia a las ya dilapidadas finanzas municipales al eximir del pago de las aportaciones a la tarjeta de salud del Gobierno central y del PayGo. Sin embargo, esta ley fue realmente un “rescate” al Gobierno Central, al estos incumplir con la creación de un nuevo fondo para los municipios que había sido incluida en el Plan Fiscal del 2017, el mismo que incluyó la eliminación escalonada del Fondo de Equiparación, y que permitiría recaudar hasta $426 millones para cubrir la pérdida de $350 millones proyectados por los municipios.
La ley estuvo en vigor cerca de un año, hasta mayo de 2020 La JCF demandó a Puerto Rico en el tribunal de los Casos de Título III para dejar sin efecto la Ley 29-2019. La jueza federal Laura Taylor Swain atendió la petición y declaró la ley en controversia “nula” y “sin efecto”, alegando que no cumplía con la Ley Promesa y por consiguiente, con el Plan Fiscal certificado. En la demanda radicada La Liga solicitó al tribunal que: (1) resolviera que eran inexistentes las deudas que reclamaba el CRIM, ASES y el Sistema de Retiros, basados en la interpretación incorrecta de la Junta de que la decisión de la Juez Swain sobre la nulificación de la Ley 29 era retroactiva; (2) que declarara como ilegales las retenciones hechas por estas entidades contra los Municipios bajo el pretexto de recobrar deudas; y (3) que le prohibiera a las entidades demandadas intentar cobrar lo que corresponda al periodo del 17 de mayo de 2019 al 6 de mayo de 2020 durante el cual la Ley 29 estuvo en pleno vigor. La Liga solicitó además a la corte que le prohibiera a la Junta de Control Fiscal su interferencia con las responsabilidades fiduciarias que tienen el CRIM y AAFAF hacia los Municipios.
Los jueces de Boston resolvieron que al declarar la Ley 29 como nula y sin efecto, las obligaciones preexistentes de los municipios con las pensiones y el plan de salud «permanecen en toda su fuerza y operación», incluso durante el periodo en controversia, mientras la ley estaba en vigor. Miranda Palacios compartió que la postura de la representación legal de La Liga continúa siendo que «la jueza Laura Taylor Swain invalidó la ley solo prospectivamente, no retroactivamente, por lo que no procedían las retenciones a los municipios para abonar a una deuda que no tenían».
Luego de esta decisión los gobiernos locales no verán la devolución de los fondos que retuvieron, de manera unilateral, el CRIM y ASES, estimados en sobre $350 millones. Deberán además continuar haciendo sus aportaciones al Plan de Retiro de los empleados públicos y al Plan de Salud del Gobierno.“Ambos pagos le competen al gobierno central. Los municipios han perdido unos $350 millones por esta decisión equivocada, justo en el momento en que la viabilidad de 43 ellos están en juego, con la eliminación del Fondo de Equiparación. Además, han continuado asumiendo responsabilidades del gobierno central sin recibir recursos fiscales para ello. Esto es un asunto de justicia a los gobiernos locales, quienes una vez más quedan desprovistos de medidas que fortalezcan sus deterioradas finanzas municipales para el bien se sus comunidades”, aseguró Miranda Palacios.
«Proteger a los municipios es en realidad proteger al país y a nuestras comunidades. En la Liga de Ciudades de Puerto Rico apostamos al cambio sistémico para no seguir perpetuando el estancamiento de siempre y aguantar ‘lo que venga’. Hagamos justicia a los gobiernos locales ante la continua delegación de roles y responsabilidades de parte del gobierno central, sin la correspondiente delegación de fondos y recursos», concluyó Miranda Palacios.
